Partitocracia

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La partitocracia o partidocracia se trata de un neologismo
empleado para definir la burocracia de los partidos
políticos. Según el filósofo Gustavo Bueno "la
partitocracia constituye una deformación sistemática de la democracia. Cada
partido tiene sistemáticamente que atacar al otro". Asimismo, para la teoría
antiliberal, "la partitocracia es aquella forma de Estado en que las oligarquías
partidistas asumen la soberanía efectiva", como lo enunció Gonzalo
Fernández de la Mora.[1]
Su desarrollo suele venir aparejado con los sistemas
parlamentarios.

Es un término que se utiliza para designar el sistema de gobierno en el cual,
aunque teóricamente se vive en democracia, los actores
principales y únicos del panorama político son los grandes
partidos políticos. Estos a base de un sistema democratico de turnismo
se van pasando el gobierno de forma consecutiva, coartando las posibilidades de
que los ciudadanos expresen su voluntad real más allá de los partidos ya
existentes. Partiendo de la base de que los partidos son un mal necesario, los
ciudadanos
se van apartando de ellos y buscan otros cauces para intervenir, lo que lleva a
la creación de los llamados "grupos de presión". En muchas
ocasiones también viene asociado a sistemas
bipartidistas.

Contenido

1 Concepto

2 Características

2.1 Monopolio de
nominaciones

2.2 Control sobre los
representantes electos

3 Véase también

4 Notas

5 Fuentes

6 Enlaces externos

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Concepto

Al igual que en otros muchos campos de la actividad humana, en la política,
muchas veces las concepciones globalizantes corren el peligro de quedar
atrapadas y subsumidas ante la necesidad de crear instrumentos que les permitan
concretizarse en la historia, originando una reversión de prioridades, valores y
prácticas. En estos casos el instrumento se apodera de la idea y se convierte en
fin; y el gran objetivo pasa a ser simple medio o retórica vacía.

La relación entre democracia y partidos
políticos es un buen ejemplo de esta afirmación. Baste recordar el papel que
los partidos de corte leninista han jugado en el
llamado “socialismo real” y cómo la
dominación del partido se extendió al conjunto del Estado y de la sociedad misma, dándonos un
ejemplo paradigmático de este proceso de inversión. De igual manera en las
democracias consolidadas de forma liberal y representativa, el tema ocupa hoy un
importante espacio en las discusiones teóricas y prácticas. Nuestro punto de
partida es, pues, afirmar que la relación entre democracia y partidos políticos
es históricamente problemática, ha estado y continúa estando plagada de malos
entendidos, contradicciones, opciones polares, negaciones, etc.

La idea de democracia y sus iniciales
puestas en práctica, se ubican con anterioridad al aparecimiento de los partidos
políticos. Las primeras experiencias de regímenes democráticos en la Grecia Antigua y aún
en la República
Romana poco tenían que ver con lo que hoy llamamos partidos políticos. Sin
embargo, en la democracia moderna, el
concepto y práctica del partido político no solo aparece como pieza
indispensable del aparataje político sino que, con el desarrollo de los
regímenes democráticos, el papel de los partidos políticos se ha ido volviendo
de tal manera central que en algunas concepciones del Estado moderno llega a
sustituir la caracterización del Estado como democrático, para convertirlo en
“Estado de partidos”.

La concepción del Estado democrático, tanto en su versión de democracia
representativa, como de la directa, se asienta sobre una relación bilateral
entre ciudadanos y Estado. Tal y como la conocemos
hoy, la naturaleza de la democracia estriba en la apropiación por parte del
pueblo del poder político y de allí surge la necesidad de nombrar representantes
para que, proviniendo de y a nombre del pueblo le administren su original poder.
Sin embargo, en la práctica histórica, esta relación bilateral pasa a adquirir
crecientemente un carácter trilateral: ciudadano-partido político-Estado, de tal
manera que el ejercicio de la soberanía popular ya solo es posible mediante la
mediación de los partidos.

En el diseño de la democracia
representativa, los partidos políticos
ocupan un lugar secundario e intrumental, siendo su principal función la de
constituirse como uno de los vehículos que facilitan al ciudadano-elector
escoger a sus representantes; sin embargo, con el desarrollo de la democracia y
la creciente complejidad de las sociedades modernas, este papel tiende a
modificarse sustancialmente. Primeramente porque, ya sea de hecho o por ley, los
partidos van apropiándose el monopolio de esa instrumentalidad y en la práctica
se convierten en el único vehículo para acceder a la representación del pueblo
en los órganos del Estado. En segundo lugar, porque
los partidos prolongan en el tiempo su papel y de instrumentos del mecanismo
electoral, pasan a asumir un creciente control sobre el ejercicio de la
representación popular, sometiendo a los representantes del pueblo a la
disciplina partidaria. En la práctica, la concepción del “mandato libre” tan
cara no solo a los pioneros de la democracia, sino a muchos exponentes
contemporáneos de la sociedad civil, ha quedado anulada.

Y finalmente, los temas sustantivos del quehacer político pasan a ser
definidos, asumidos y resueltos por los partidos
políticos. Los órganos del Estado como lugares del ejercicio
de la representación, tienden a vaciarse de contenido y el Parlamento queda redefinido
para utilizar el dictum de Leibholz,
como el lugar en el que “se reúnen comisionados de partidos vinculados a las
decisiones de éste, para dejar constancia de decisiones ya adoptadas en otros
ámbitos (en comités y congresos de partido)”. Es evidente que aquí ya no se
trata de un Estado democrático, sino de un Estado de partidos.

La relevancia de esta discusión no puede escapársenos, pues con independencia
de las reflexiones de los teóricos alemanes, este es un tema que se debate en
diversas partes del mundo, especialmente en las recientes y múltiples
experiencias de democratización. Para citar nada más uno: la Corte Suprema de
Justicia de Sri Lanka en recientes fallos,
ha introducido la distinción entre democracia
representativa y democracia de partidos, sosteniendo que según la
Constitución Política del país, el régimen es de democracia de partidos y no de
democracia representativa pues la Ley Fundamental reconoce a los partidos la
facultad de sustituir a aquellos miembros del Parlamento que habiendo sido
elegidos en la lista del partido, no acatan la disciplina de voto; en otras
palabras, al ubicar al partido por encima de la voluntad de los electores, se
privilegia, en el ejercicio de la democracia, el papel del
partido por encima del mecanismo de representación y en consecuencia, lo que
define al régimen político no es esta última sino el poder del partido.

El concepto de partidocracia es muy poco usado por la literatura académica de
ciencias políticas. En la literatura en inglés no encontramos uno equivalente al
que ocupamos en castellano. Algunos teóricos
alemanes han acuñado el término de “Parteienstaat” o “Estado de Partidos” que no
puede asimilarse al de partidocracia, aún cuando tengan evidentes connotaciones
comunes. Algún autor, concretamente Michael
Coppedge ha intentado acuñar la expresión “Partyarchy” derivándola de la
concepción de poliarquías de Robert
Dall, para caracterizar el fenómeno que estamos analizando.

Por el contrario, en el lenguaje periodístico y en las discusiones de
políticos y comentaristas, especialmente en el mundo de habla hispana e
italiana, el concepto tiene amplia circulación: partidocrazia en italiano y partidocracia
o partitocracia en castellano son vocablos de
uso creciente en el lenguaje político, por lo general con una connotación
depreciativa y aludiendo a un estado de “enfermedad” del régimen democrático; en
esto estriba una de las diferencias fundamentales con la concepción del Estado
de partidos, pues para éstos se trata de la evolución del Estado moderno
mientras que en el caso de partidocracia se usa para señalar una deformación de
la democracia. El concepto surge en el contexto de la discusión de las
relaciones entre sociedad civil y sociedad política y alude a una abusiva
apropiación de espacios políticos por parte de los partidos políticos en una
determinada sociedad.

En los regímenes de partido único, sean estos de corte socialista o simplemente autoritario, la
preeminencia que el partido adquiere
en la vida política es indiscutible y, como ya lo previó Rosa
Luxemburgo en la famosa discusión que sostuvo con Lenin sobre el papel del partido,
la predominancia absoluta que los bolcheviques acordaron al
papel del partido en la conducción del Estado y la sociedad, llevaría
inevitablemente a la muerte de la democracia socialista y a la “brutalización de
la vida pública”. La crítica de Luxemburgo es una posible explicación de lo que
sucedió en la URSS y en el resto del “campo
socialista” con el ascenso de Stalin al control del partido.
Sin embargo, la literatura política al analizar este fenómeno no lo caracteriza
como partidocracia, sino simplemente como dictadura, autoritarismo o, en algunos
autores, de partidolatría y el énfasis se ha puesto en la concepción
verticalista del ejercicio del poder y en su carácter represivo, más que en la
abusiva extensión del papel del partido. La discusión sobre partidocracia no
está asociada a los regímenes de partido único, por más que
ellos expresan el problema en forma paradigmática.

La discusión contemporánea se circunscribe al análisis de los regímenes
democráticos, que cuentan con pluralidad de partidos, en los que las
libertades públicas fundamentales tienen vigencia así como la separación de
órganos del Estado. Es decir, donde la sociedad civil tiene
posibilidades de constituirse en su multiplicidad y actuar, planteando así la
disputa de espacios con los partidos políticos; no es pues, arbitrario, que el
uso de partidocracia en su forma depreciativa provenga principalmente de las
organizaciones de la sociedad civil.

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Características

Tomando la partitocracia como una desviación del papel correspondiente a los
partidos políticos dentro de las democracias
representativas, se pueden definir cuatro características de este
fenómeno.

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Monopolio de nominaciones

Proviene de la exclusividad, tanto de facto como legalmente, de las
nominaciones para cargos de elección popular. La electividad para cargos por
votación popular en estos casos es considerada como una potestad exclusiva de
los partidos políticos, siendo un terreno acotado adjudicado a los
partidos por el Estado. Esto condiciona la posibilidad de excluir a los
ciudadanos del derecho a ser electos, dotando a los partidos de un enorme poder,
y dando a los partidos la garantía de conservar sus propios intereses postulando
para los cargos públicos a personas afines a sus objetivos en todo caso, sin ser
la futura amenaza que sería que ellos mismos adquirieran el poder mediante el
voto popular.

A todo lo mencionado, hay que añadir que en algunos países el sistema de voto
es de voto por partido y no por candidato, por lo que el elector únicamente
puede optar por el partido y sus candidatos ya elegidos en su lista, y no puede
optar por elegir determinados candidatos dentro de los propuestos por el partido
según la preferencia que tenga por éstos, como se haría en un sistema de listas
abiertas. De este modo lo que se consigue es que el elector no opte por
personas, por candidatos individuales, sino por partidos concretos, lo que
refuerza el monopolio de nominaciones por parte de éstos, sin garantías de los
motivos o méritos de los candidatos para ser electos en representación de los
ciudadanos.

Un ejemplo de esta situación es el de El Salvador, donde la
Constitución Política de 1983, y el de México, donde las Ultimas
Reformas a la Constitución Política de 1917, consagran explícitamente el
monopolio partidario de la representación popular:

“El sistema político es pluralista y
se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento
para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno”.
Art.
85 inciso 2º.

La disposición en cuestión tiene una trascendencia aún mayor, pues se
encuentra ubicada en el único título de la Constitución que, según el Art. 248
inciso último de la misma, no puede reformarse.

En México:

Artículo 116. El poder público de los
estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y
no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación,
ni depositarse el legislativo en un solo individuo.}

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y
sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o.,
apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

Curiosamente en la Constitución de
México se puede leer:

Artículo 35. Son prerrogativas del
ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado
para cualquier otro empleo

o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del
país;

Por el contrario, otras Constituciones garantizan en la teoría el impedimento
de estas situaciones, como la Constitución
española de 1978:

"Son electores y elegibles todos los
españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos."
Artículo 68.
5.

Por el contrario, otros muchos países permiten, sobre todo a nivel municipal, la presentación de
candidaturas mediante la constitución de comités cívicos, sin necesidad
de provenir de los partidos políticos. Este correctivo, en principio saludable,
a la tendencia de los partidos de monopolizar la accesibilidad a un cargo
público electo, en muchos casos no es concluyente. Por ejemplo, en algunos
países estos comités cívicos municipales se acaban transformando en
simples extensiones de los partidos con otro nombre; en otros casos, como se dio
en Mozambique en 1988, los
grandes partidos (FRELIMO y FRENAMO),
ante el peligro de perder el control sobre la administración del poder mediante
este método, acabaron por modificar la Ley Electoral para conferirse el
monopolio legal sobre la postulación de candidatos. Este hecho se debió a que
después de las elecciones municipales de junio de 1988 en dicho país, en las que
participaron diversos Comités no partidarios, los movimientos cívicos iniciaron
un proceso de confederación para participar en las elecciones legislativas del
año siguiente.

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Control sobre los representantes electos

Otra característica que indica el nivel de partitocracia de un régimen
político es el nivel de disciplina interna dentro de los partidos.

Muchas Constituciones garantizan teóricamente la independencia de los
legisladores electos, siguiendo la teoría clásica del mandato libre; pero en la
práctica la actividad de los cargos electos se ve muy condicionada por la
posición de su partido. Esto muchas veces es debido a la complejidad y
diversidad de los temas sobre los cuales tiene que dirimir el electo y sobre los
cuales tiene que emitir un voto, haciendo que los parlamentarios se agrupen en
facciones o grupos legislativos para garantizar la eficiencia de una postura
concreta frente a estos asuntos. Estas agrupaciones, casi invariablemente,
suelen seguir una base partidaria, y este fecto es reforzado por el hecho de que
los cargos electos hablen en "nombre del partido".

Estos factores llevan a que le control del partido sobre temas legislativos o
de gobierno sea muy fuerte. De este modo los cargos electos (tanto
parlamentarios y diputados como los concejales) deben seguir la disciplina
de partido, una línea ya marcada por el partido no sólo en los asuntos
planteados por el partido en su programa
electoral durante la consiguiente campaña previa a las
elecciones, sino
prácticamente en todas las decisiones que se deban tomar en el órgano Legislativo. De este modo se
impone a los cargos electos la obligación de acatar las decisiones de su
partido, del partido al cual representa en su cargo público, pudiendo única y
excepcionalmente votar según su conciencia y su libre opinión en contadas
ocasiones, muchas veces rompiendo la disciplina de partido de este
modo.

Un extremo de este comportamiento son los sistemas legislativos en los que
los diputados o cargos públicos son expulsados no sólo de su partido, sino
también de la Cámara en cuestión, si deciden romper la línea marcada por el
partido. Varios ejemplos de este comportamiento sería la República de
Panamá en América, y también varios países del Sudeste Asiático y de África,
en los que en grado de control de los partidos sobre los cargos electos permite
anular la voluntad individual de los electos, y por lo tanto de los electores
que les llevaron a ese cargo. En la India se da un caso intermedio: si
un parlamentario se rebela contra el partido, es despojado de su curul, pero si se trata de un
grupo de diputados éstos pueden conservar sus asientos como una fracción
legislativa independiente del partido que los postuló.

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Véase también

Sistema
bipartidista

Estado de partidos

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Notas

↑ Calero,
1982, p.54

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Fuentes

Calero, Antonio
Ma. (1982). Partidos políticos y democracia. Barcelona: Salvat Editores
S.A.. ISBN
84-345-7971-5.

(Von Beyme, 1995)

(Coppedge, 1994)

[editar]
Enlaces externos

Rubén I. Zamora, Partidocracia

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Partitocracia"

Categorías:
Formas de
gobierno | Sistemas
de partidos políticos

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