1936 - 2006
A 70 años de la insurrección
revolucionaria contra el golpe fascista y la guerra civil

La lucha por el socialismo más vigente que
nunca
Recuperar la memoria para preparar el
futuro

La Comuna Asturiana de 1934

La insurrección proletaria y la República

Juan Ignacio Ramos

En realidad,
el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por
otra, lo mismo en la república democrática que bajo la monarquía; y en
el mejor de los casos, es un mal que se transmite hereditariamente al
proletariado triunfante en su lucha por la dominación de clase.

El
proletariado victorioso, lo mismo que hizo en la Comuna, no podrá por
menos de amputar inmediatamente los lados peores de este mal,
entretanto que una generación futura, educada en condiciones sociales
nuevas y libres, pueda deshacerse de todo este trasto viejo del
Estado.

Federico Engels,
en el vigésimo aniversario de la
Comuna de París,
Londres, 18 de marzo de
1891.

La historia de los años treinta en el Estado español es la
crónica de la revolución proletaria y la contrarrevolución burguesa. Todos
los acontecimientos que se sucedieron desde los años veinte y que
cristalizaron en la guerra civil —la forma más aguda que puede adoptar la
lucha de clases— ponían de manifiesto los intereses irreconciliables de
capitalistas y terratenientes, de la casta militar y eclesiástica con los
de millones de campesinos y proletarios. Todos los regímenes políticos que
se sucedieron, estaban condicionados por este hecho.

La burguesía buscó desesperadamente, en todo este período
histórico, formas de dominación que le permitiesen contener la marea
revolucionaria que se les venía encima. Lo intentaron primero con la
dictadura de Primo de Rivera y, posteriormente, sacrificando la odiada
monarquía de Alfonso XIII por la República; pero a lo que nunca
renunciaron, y ahí radicaba el problema esencial, fue a mantener la mano
firme sobre sus propiedades, sobre la tierra, las fábricas y la banca, a
imponer a los trabajadores y los campesinos famélicos su régimen de
explotación, sus jornales de miseria y hambre, sus jornadas de sol a sol.
Apoyándose en la Iglesia católica y la casta militar, la oligarquía
española no pretendía renunciar a ninguno de sus privilegios y era
consciente, sobradamente consciente, que ello le llevaba a un
enfrentamiento decisivo con el movimiento obrero.

La clase dominante española toleró las formas democráticas
como un mal menor, siempre y cuando el poder económico, y por tanto el
político, siguiesen estando firmemente bajo su control. En la medida que
el traje del parlamentarismo democrático burgués fue incapaz de servir a
este objetivo, la burguesía no vaciló en desprenderse de él y adoptar los
métodos del golpe militar, la guerra civil y el fascismo. Toda la
palabrería acerca de la democracia, libertades cívicas, elecciones,
sufragio universal, fue arrojada al basurero y reemplazada por otras más
afines: cruzada anticomunista, orden, propiedad, patria, censura,
cárceles, fusilamientos...

La experiencia histórica de la revolución española demostró
que ningún régimen político puede sustraerse de las relaciones sociales de
producción que lo condicionan y determinan su naturaleza. La República
proclamada el 14 de abril de 1931 no trastocó los límites de la propiedad
capitalista. Como reflejo del ascenso de la lucha de clases y de las
enfermedades que corroían al capitalismo español, la República despertó
las esperanzas de una vida mejor para millones de personas oprimidas
durante generaciones. Las ilusiones en la democracia y en un cambio
fundamental en sus condiciones de existencia, florecieron en todos los
rincones del país. Pero estas ilusiones no tardaron mucho en marchitarse.
Para los oprimidos del campo y la ciudad, la República no trajo grandes
cambios en sus condiciones de vida, mientras mantenía lo esencial del
dominio terrateniente y capitalista de la sociedad.

El primer gobierno de conjunción republicano-socialista dio
paso, tras las elecciones de noviembre de 1933, a otro de los radicales de
Lerroux cuya política, en realidad, la dictaban los diputados de la CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas).

El agrupamiento derechista de la burguesía española liderado
por Gil Robles, consciente de la irremediable escalada del movimiento
obrero y la incapacidad de la República para contenerla, desbrozó el
camino para imponer un régimen de corte fascista que aplastase a las
organizaciones obreras y la capacidad combativa del proletariado. Toda la
obra contrarrevolucionaria cedista tanto en el terreno legislativo como en
la realidad de la lucha de clases, encontraba su sintonía con el triunfo
de Hitler en Alemania y Dolffus en Austria. La amenaza de un triunfo
similar en el Estado español era tan real como reales eran los discursos
de Gil Robles y otros destacados líderes de la CEDA a favor de un régimen
de ese tipo.

La insurrección obrera del 5 de octubre de 1934 vino a
cortar esta perspectiva de consolidar un Estado fascista mediante la
utilización de los mecanismos del parlamento burgués. Fue la insurrección
armada en Asturias y el frente único de la izquierda a través de las
Alianzas Obreras, lo que desbarató todos los planes de la CEDA. Sin este
ensayo previo, difícilmente puede entenderse la resistencia al fascismo
con las armas en la mano durante los tres años de guerra civil y
revolución social, una diferencia cualitativa con lo acontecido en Italia,
Alemania o Austria.

El fin del régimen monárquico

La historia de España hasta 1931 había estado caracterizada
por siglos de continua, lenta e inexorable decadencia, marcada por
periódicas y aisladas sublevaciones campesinas y un asfixiante control de
todas las esferas del poder por parte de la monarquía y los
terratenientes. Incapaz de llevar a cabo una revolución burguesa como en
Francia o Gran Bretaña, la clase dominante española era un conglomerado
formado por la vieja aristocracia nobiliaria (que nutría la clase
terrateniente), la burguesía agraria y comercial del centro y sur de
España, vinculada por todo tipo de negocios y chanchullos con la anterior,
y una débil burguesía industrial que participaba cómodamente de los
privilegios económicos que este estado de cosas le proporcionaba. En la
historia del siglo XIX el papel de la burguesía se redujo a la búsqueda
permanente de acuerdos y coaliciones con las viejas clases del pasado
feudal. La compra de grandes extensiones de tierra, de títulos de nobleza
y los matrimonios con la aristocracia fueron la práctica común de los
burgueses, y nuevos lazos de unión se forjaron en negocios comunes. Por
otra parte la alta burguesía financiera que empezaba a despegar en Euskadi
o la burguesía industrial de Catalunya, adquirieron posiciones en el
gobierno central, sustentando las formas antidemocráticas del viejo
régimen que tan bien les servían para explotar sus negocios.

La Primera Guerra Mundial proporcionó la oportunidad de
abastecer los mercados europeos y el despegue de la producción y la
exportación, especialmente agraria y textil. No obstante, los beneficios
reportados por esta coyuntura no significaron grandes cambios en la
estructura económica del país: Las infraestructuras siguieron
manteniéndose en un estado deficiente y el aparato productivo apenas
registró mejoras cualitativas. Los beneficios fueron consumidos
suntuariamente y fortalecieron aún más el carácter atrasado y rentista de
la clase dominante española. Sin embargo, el desarrollo de nuevos centros
y regiones industriales creó una nueva correlación de fuerzas, y favoreció
la aparición de un proletariado joven y dinámico que pronto empezó a jugar
un importante papel. En ese contexto, la crisis generada tras el fin de la
Primera Guerra Mundial y la influencia poderosa de la Revolución Rusa de
octubre de 1917, provocaron el ascenso de la lucha de clases, tanto en el
campo como en la ciudad: fue el llamado trienio bolchevique.

La polarización social en el país aumentó considerablemente.
En 1917 se convocó la primera huelga general en el Estado español,
duramente reprimida, pero que mostró las débiles bases materiales para
estabilizar un régimen democrático burgués. Finalmente, la burguesía
volvió a utilizar el recurso habitual: instaurar una nueva dictadura
militar.

La dictadura de Primo de Rivera intentó ocultar los crímenes
del colonialismo español en Marruecos y los desastres militares (como el
de Annual) al tiempo que amparaba los intereses de los grandes capitales y
el proteccionismo con una reglamentación económica rígida y de altos
aranceles. La dictadura aspiraba a un régimen corporativo, similar al
existente en la Italia mussoliniana. La represión feroz del movimiento
obrero organizado, centrado especialmente en el combate a la CNT, el
aplastamiento de las luchas obreras, la organización del terrorismo
patronal y una legislación laboral reaccionaria fueron, entre otros,
rasgos distintivos de la dictadura. La colaboración de los dirigentes de
la UGT y del PSOE con el régimen de Primo de Rivera, sustentada por la
política posibilista de los dirigentes socialistas españoles con Pablo
Iglesias a la cabeza, no evitó que, finalmente, la dictadura se enfrentase
a un movimiento creciente de descontento. "El régimen de la dictadura"
escribía Trotsky, "que ya no se justificaba, a ojos de las clases
burguesas, por la necesidad de aplastar de inmediato a las masas
revolucionarias, representaba al mismo tiempo, un obstáculo para las
necesidades de la burguesía en los terrenos económico, financiero,
político y cultural. Pero la burguesía ha eludido la lucha hasta el final:
ha permitido que la dictadura se pudriera y cayera como una fruta madura".
La monarquía, decisivamente comprometida con la dictadura, sufrió el mismo
destino que ésta.

La proclamación de la República

En la crisis del régimen monárquico pesaron más los
intereses de clase de la burguesía que el mantenimiento de una reliquia
política heredada del pasado pero inservible para la nueva situación. Este
fenómeno no supone ninguna novedad. Durante la revolución rusa de febrero
de 1917, muchos de los políticos más venales y comprometidos con el
zarismo, observando el colapso del régimen y el empuje de las masas, no
dudaron en abrazar el nuevo régimen republicano para salvar el pellejo y
seguir manteniendo el poder en sus manos. Lo mismo ocurriría en los años
de la llamada transición española, cuando centenares de destacados
prohombres de la dictadura franquista se convirtieron, obligados
por las circunstancias, en demócratas de toda la vida.

Tras la caída de la dictadura de Primo de Rivera, el jefe
del cuarto militar de Alfonso XIII, Berenguer, fue encargado de salvar la
monarquía y de paso a la oligarquía. En el mes de febrero de 1930 el nuevo
gobierno militar estaba conformado con representantes de la aristocracia,
el clero y el ejército. Pero esta prolongación formal de la vida del
régimen no ocultó su crisis terminal.

En las filas de la burguesía las divergencias sobre el rumbo
de los acontecimientos crecían día a día. Como siempre ocurre en estos
períodos de crisis, un sector abogaba por la represión y el palo, mientras
otro, el más sutil e inteligente se inclinaba por la reforma. A su
manera, ambos sectores tenían razón y se equivocaban. Las concesiones
políticas provocarían un auge del movimiento reivindicativo, y el
mantenimiento de la opción represiva tampoco resolvería la crisis y la
contestación social. Ante la gravedad que adoptaban los acontecimientos,
una mayoría de los políticos burgueses del régimen se inclinaban por
calmar a las masas respaldando una salida "democrática". De esta manera
individuos que habían desarrollado su carrera política reprimiendo las
luchas obreras y sirviendo fielmente a la monarquía se convirtieron de la
noche a la mañana en republicanos y demócratas. Individuos como
Miguel Maura o el ex ministro monárquico Niceto Alcalá Zamora juraron su
adhesión a la República. Otros muchos siguieron su camino.

Paralelamente el movimiento de oposición que se extendía
entre la clase trabajadora contagiaba a sectores cada vez más amplios de
la pequeña burguesía y los estudiantes. Siguiendo una tradición muy
arraigada, la política colaboracionista y vacilante de los principales
líderes del PSOE y la UGT permitió a los representantes de la pequeña
burguesía republicana hacerse con el protagonismo del momento y asumir la
iniciativa. Para los teóricos del PSOE la tarea central del movimiento
consistía en aupar al poder a las fuerzas republicanas para acabar con los
vestigios de la sociedad feudal y liquidar políticamente la monarquía,
estableciendo un régimen parlamentario y constitucional. La cuestión del
poder de las fábricas o la tierra quedaba en segundo término.

Paralelamente, la UGT y la CNT participaban en gran número
de huelgas pero sus direcciones no tenían una visión clara de los
acontecimientos. Los líderes anarcosindicalistas, imbuidos de prejuicios
antipolíticos, actuaron en la práctica de forma similar a los líderes
socialistas que difundían la colaboración con los republicanos.

Las ilusiones de los líderes socialistas en la revolución
democrático- burguesa eran tantas que la alianza con los partidos
republicanos se profundizó y cristalizó en el llamado Pacto de San
Sebastián, en el que se acordó un plan de acción para proclamar la
República y constituir un gobierno provisional.

Los dirigentes del PSOE en colaboración con los
republicanos, confiaron en los mandos militares para el
pronunciamiento, en lugar de organizar y preparar militarmente la
insurrección en las fábricas, tajos y latifundios. Este método
conspirativo, que tanto gustaba a Indalecio Prieto, buscando la
participación de la oficialidad en lugar de la acción organizada de las
masas de la clase obrera, tendría consecuencias funestas en octubre del
34.

Para organizar el pronunciamiento, se estableció un Comité
Ejecutivo con Alcalá Zamora, Miguel Maura, Indalecio Prieto, Manuel Azaña.
El movimiento obrero no pasaría de tener un papel auxiliar en los planes
trazados por la inteligencia republicano-socialista. Los líderes de
UGT y PSOE, incluso de CNT se limitaron a obedecer las decisiones de ese
Comité Ejecutivo sin proponer ninguna acción independiente. Aún así las
huelgas generales crecían en cantidad y calidad, en Barcelona, San
Sebastián, Galicia, Cádiz, Málaga, Granada, Asturias, Vizcaya.

Por si había duda de los objetivos del movimiento, Manuel
Azaña lo aclaró en el mitin del 28 de octubre en la plaza de toros de las
Ventas de Madrid: "una república burguesa y parlamentaria tan radical como
los republicanos radicales podamos conseguir que sea". Finalmente el
Comité Ejecutivo salido del Pacto de San Sebastián, transformado en el mes
de octubre en Gobierno Provisional de la República, fijó la fecha del
alzamiento contra la monarquía para el 15 de diciembre. La falta de
determinación de los dirigentes, de coordinación, la ausencia de una
ofensiva obrera en las ciudades —escenario que guardaba muchas similitudes
con lo acontecido en las jornadas del 5 y 6 de octubre de 1934—, condenó
el pronunciamiento al fracaso.

A pesar de todo, las perspectivas del régimen monárquico
eran malas. Carente de base social, incapaz de contener la radicalización
de las capas medias y el movimiento obrero, Berenguer propuso a comienzos
de 1931 la celebración de elecciones legislativas, propuesta rechazada por
el movimiento obrero y los líderes republicanos y también por los sectores
más perspicaces de la burguesía que no estaban dispuestos a prolongar la
agonía del régimen. La dictablanda de Berenguer, entró en crisis
definitiva. El rey, acosado, intentó remontar la situación con un gobierno
urdido por el conde de Romanones, gran terrateniente y plutócrata. El
nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar sólo escribió el epitafio
de la odiada monarquía.

En este contexto de extrema polarización, amplios sectores
de la burguesía comprendían que el final de la monarquía era cuestión de
muy poco. El gobierno acosado intentó ganar tiempo convocando para el 12
de abril elecciones municipales, con la esperanza de contener el
movimiento de la oposición y lograr el apoyo de los sectores republicanos
al establecimiento de una monarquía constitucional. Pero ya era tarde. Las
ansias de acabar de una vez por todas con la monarquía, de alcanzar las
libertades democráticas, contagiaban a toda la sociedad. Incluso la CNT
afectada por esta situación, no pudo impedir que miles de militantes
votaran a las candidaturas de la conjunción republicano-socialista.

A pesar del fraude electoral y la intervención de los
caciques monárquicos en las zonas rurales, el triunfo de las candidaturas
republicano-socialistas fue masivo en las grandes ciudades. El delirio de
las masas se desató en las principales capitales y ciudades del país,
donde la República fue proclamada en los ayuntamientos. En Barcelona Luis
Companys, elegido concejal, proclamó la República desde el balcón del
Ayuntamiento. En Madrid, miles de trabajadores venidos de todos los
rincones llenaban la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, todo el centro de
Madrid. Finalmente, el gobierno provisional republicano entró en la sede
de Gobernación y a las ocho y media de la noche, Alcalá Zamora proclamó la
República.

Mucho se ha escrito sobre el carácter de la República
española. Para cualquiera que quiera entender las contradicciones que se
desarrollaban en los años treinta, lo cierto fue que la burguesía no tuvo
más remedio que ceder el paso a la República, tratando de ganar tiempo y
poder reestablecer una correlación de fuerzas más favorable para sus
intereses. La dictadura del capital se puede envolver en formas políticas
aparentemente diferentes, siempre que garanticen el dominio de la
burguesía sobre el conjunto de la sociedad. Obviamente, los marxistas
preferimos la república democrática a la dictadura policial o militar.
Pero esta preferencia no es el producto de ningún fetiche hacia las formas
políticas burguesas, ni ninguna concesión al cretinismo parlamentario, tan
común en los dirigentes reformistas del movimiento obrero. La razón de
esta preferencia es bien sencilla: en un régimen formalmente
democrático es más fácil hacer propaganda, agitar por las ideas del
socialismo científico, y las oportunidades para la organización
revolucionaria de los trabajadores son mayores.

Aunque la República española de 1931 podía presentar estas
ventajas democráticas, incluida la elección parlamentaria del presidente
de la República, el régimen social en el que se basaba era el mismo que
sustentaba a la monarquía alfonsina: la sociedad capitalista. Como Largo
Caballero afirmó en no pocas ocasiones, repúblicas hay muchas pero a los
trabajadores sólo nos interesa la república socialista, aquella que
refleja un cambio radical en las relaciones de propiedad a favor de los
oprimidos. Para la burguesía se trataba en cambio de modificar el régimen
político y garantizar lo esencial: el dominio económico que le permitiese
explotar a millones de campesinos y trabajadores y garantizar sus
privilegios.

La historia de la insurrección del 34 tiene mucho que ver
con lo anterior. Aunque la forma política republicana se mantenía, eso no
impedía a la burguesía lanzar una ofensiva generalizada contra los
trabajadores y sus organizaciones. Vale la pena recordar este hecho para
aquellos que desde la izquierda, incluso desde posiciones presuntamente
marxistas, colocan la reivindicación de república como la consigna
central para la clase obrera y la juventud. Una república, por muy
democrática y avanzada que sea, si mantiene intacto y ampara el dominio
económico de la clase capitalista se convertirá en un régimen hostil a los
trabajadores y sus intereses. El ejemplo de la república francesa, la
república alemana o la república de los Estados Unidos es bastante
elocuente.

La burguesía española se sumó al carro del republicanismo
sembrando todo tipo de ilusiones entre la población, ilusiones
democráticas que también reflejaban el ansia de liberación social de las
masas. En la imaginación de millones de oprimidos triunfó la convicción de
que la República traería reforma agraria, buenos salarios, fin del poder
de la Iglesia, derecho de autodeterminación… Pero la burguesía tenía
planes muy diferentes.

"El gobierno provisional republicano", explica Manuel Tuñón
de Lara, "preocupado hasta la exageración por las formas del derecho y el
mantenimiento de las esencias liberales, fijó el reconocimiento de la
libertad de conciencia y culto, del derecho sindical y del derecho de
propiedad como piezas esenciales, así como el sometimiento de los actos
gubernamentales a las cortes constituyentes... España se encontraba en el
umbral de un régimen de democracia liberal, mantenedor del orden social
basado en la propiedad privada de los medios de producción y circulación,
es decir, lo que suele llamarse un régimen de democracia
burguesa"1.

Con este punto de partida, la experiencia del gobierno de
coalición republicano-socialista y el triunfo del fascismo en Europa
fueron las mejores escuelas para que el proletariado español fuese sacando
conclusiones revolucionarias, en un proceso de radicalización
ascendente.

Revolución democrático-burguesa

En el panorama político de 1931, el PSOE y la UGT
constituían, junto con la CNT, los destacamentos más importantes del
proletariado y el campesinado español.

En el caso de la CNT su tradición revolucionaria la había
colocado en el punto de mira de la represión durante décadas. Este hecho
unido a la política de colaboración de clases practicada por los
dirigentes del PSOE y la UGT, había permitido a la CNT agrupar a miles de
trabajadores que se consideraban revolucionarios y luchaban honestamente
por el derrocamiento del capitalismo. Como organización de masas, la CNT
no pudo evitar que los acontecimientos de la lucha de clases penetraran en
sus filas y afectaran a sus cuadros militantes, poniendo en serias
dificultades el control anarquista sobre la organización.

La revolución bolchevique de 1917 conmovió profundamente las
bases de la CNT, y en general del movimiento anarquista y
anarcosindicalista en todo el mundo. Una capa muy amplia de la militancia
y de los cuadros dirigentes atraídos por la revolución rusa oscilaron
hacia el comunismo. Este hecho quedó reflejado en la afiliación temporal
de la CNT a la Internacional Comunista. Sin embargo, las debilidades
políticas del comunismo español y la degeneración burocrática de la
Tercera Internacional favorecieron el predominio del ideario anarquista,
lleno de prejuicios hacia la participación en política y cegado por una
visión putschista de la insurrección. Todas las debilidades
políticas del anarquismo español se pusieron de manifiesto en la
República, y de forma destacada durante la insurrección proletaria de
octubre del 34.

El PSOE y la UGT representaban la otra pata del movimiento
de masas de la clase obrera española. En el caso del PSOE la tradición
política de colaboración de clases y preservación de la organización a
costa de lo que fuese, estaba muy arraigada en la práctica de Pablo
Iglesias. El pablismo nunca realizó grandes aportaciones teóricas al
movimiento socialista, era más bien una visión local de la política
desarrollada en Francia por Guesde y por la socialdemocracia alemana.
Compartía por tanto lo esencial de la tradición política dominante en la
Segunda Internacional: una verborrea marxista para los discursos de
celebración (Primero de Mayo, Congresos, etc) y una práctica política
basada en la colaboración de clases con la burguesía. El carácter
reformista de la dirección socialista fue puesto a prueba durante los años
de la dictadura de Primo de Rivera. En ese período la actuación de los
líderes del PSOE siguió el mismo método aducido por la socialdemocracia
alemana o francesa en su capitulación ante la carnicería imperialista de
la Primera Guerra Mundial. La colaboración con la burguesía se justificaba
por la preservación de las organizaciones obreras pero, en la práctica, lo
que se lograba era la subordinación de la política socialista a los
intereses de la clase imperialista. Los principales líderes del PSOE
siempre mantuvieron un discreto papel en las polémicas que recorrieron la
Internacional. Alineados con el sector de derechas frente a las posiciones
de Rosa Luxemburgo o Lenin, se enfrentaron a la revolución rusa de 1917
con desconfianza y rechazo. Al igual que ocurriera en la CNT, una
organización de masas como el PSOE no pudo sustraerse del impacto del
triunfo del octubre soviético y en sus filas germinaron pronto las
semillas del comunismo. Las sucesivas escisiones que sufrieron tanto las
Juventudes Socialistas (JJSS) como el PSOE por parte de los simpatizantes
terceristas de la Revolución Rusa dieron lugar a los primeros
embriones del comunismo español que culminaron finalmente en el Partido
Comunista de España (PCE).

En 1931, todos los dirigentes socialistas coincidían en
afirmar el carácter burgués del movimiento revolucionario que acabó
con la monarquía. La burguesía española tendría la oportunidad al fin, de
llevar a cabo las transformaciones democráticas que en Inglaterra, Francia
o Alemania se habían realizado en el siglo XVII y XVIII: La reforma
agraria con la destrucción de la vieja propiedad terrateniente, y la
creación de una clase de pequeños propietarios agrícolas; la separación de
la Iglesia y el Estado, estableciendo el carácter laico y aconfesional de
la República y terminando con el poder económico e ideológico del clero;
el desarrollo de un capitalismo avanzado que pudiese competir en el
mercado mundial, creando un tejido industrial diversificado y una red de
transportes moderna; la resolución de la cuestión nacional, concediendo la
autonomía necesaria a Catalunya, Euskadi y Galicia, e integrando al
nacionalismo en la tarea de la construcción del Estado; la creación de un
cuerpo jurídico que velara por las libertades públicas, de reunión,
expresión y organización, sin las cuales era imposible dar al régimen su
apariencia democrática. En definitiva el programa clásico de la revolución
democrático-burguesa.

En este esquema formal de la revolución democrático-burguesa
que antecedía obligatoriamente a la revolución socialista, el proletariado
y su dirección tenían que subordinarse ante la burguesía en su lucha por
modernizar el país. Asegurando el triunfo de la burguesía democrática se
establecerían las condiciones, en un período largo de desarrollo
capitalista, para el fortalecimiento de las organizaciones obreras y su
poder dentro de las instituciones políticas y económicas del nuevo
régimen: parlamento, ayuntamientos, tribunales, cooperativas, empresas...

En realidad este planteamiento ideológico se basaba en la
tradición reformista de la Segunda Internacional, y fue contestada por el
ala marxista representada por Rosa Luxemburgo, en Alemania y Lenin y
Trotsky en Rusia. Para los marxistas esta forma de presentar la cuestión
falseaba tanto las condiciones materiales del desarrollo capitalista, como
la propia estructura de clases de la sociedad.

En el caso de Rusia, al igual que en el Estado español y en
todas las naciones de desarrollo capitalista tardío, las relaciones de
producción capitalistas habían surgido sobre un substrato socioeconómico
atrasado, adoptando un desarrollo desigual y combinado. Es decir, al
tiempo que integraba relaciones de propiedad heredadas del pasado feudal,
como el latifundio, de las que se desprendían formaciones sociales
extremadamente atrasadas en el campo (donde malvivían en la miseria
millones de campesinos famélicos frente a una clase de terratenientes
privilegiados), también manifestaba rasgos muy avanzados: concentración
del proletariado industrial en grandes fábricas, aplicación de las últimas
tecnologías en numerosas ramas de la producción, y la inclusión de estas
economías atrasadas en el mercado mundial. Por otra parte, tanto en Rusia
como en el Estado español era evidente el carácter dependiente de la
burguesía nacional del capital exterior. Éste colonizaba una buena parte
de la actividad económica del país a través de la inversión directa y de
los empréstitos que contraía el Estado con el capital foráneo
(fundamentalmente inglés, francés y alemán), necesarios para acometer la
mayoría de las obras de infraestructura.

Como la experiencia histórica atestigua, la burguesía de
estos países, en los asuntos que afectaban fundamentalmente a sus
intereses de clase, formaba un bloque con el antiguo régimen autocrático o
monárquico. Por tanto, la consideración de los marxistas en este punto no
deja lugar a dudas: la burguesía liberal tenía un carácter profundamente
contrarrevolucionario y sería incapaz de liderar consecuentemente ni
siquiera la lucha por las demandas democráticas.

Esta postura fue reivindicada por los hechos en la
revolución rusa de 1905 y posteriormente en la de 1917. Sólo la clase
obrera aliada del campesinado pobre podría llevar a cabo la liquidación de
los vestigios del viejo régimen feudal. Pero, la conquista de la
democracia, la reforma agraria —el talón de Aquiles de la sociedad rusa de
1917 o la española de 1931—, la resolución del problema nacional y la
mejora de las condiciones de vida de las masas, eran incompatibles con la
existencia del capitalismo. Las tareas democráticas enlazaban con las
socialistas: la expropiación de la burguesía nacional y de sus aliados,
los terratenientes y los capitalistas de los países avanzados, se tornaba
en condición necesaria para el avance de la sociedad. Este programa hizo
posible la Revolución de Octubre en Rusia, la primera revolución obrera
triunfante en la historia.

Gobierno de conjunción republicano-socialista

Pronto quedaron claros los límites del primer gobierno de
conjunción republicano socialista. La estructura de clases de la sociedad
española de 1931 muestra la gran polarización de la misma y los límites de
cualquier política que no atacara las causas materiales de tantos siglos
de opresión. Aproximadamente el 70% de la población se concentraba en el
medio rural, la mayoría en condiciones penosas, afectadas por hambrunas
periódicas entre cosecha y cosecha. Dos tercios de la tierra estaban en
manos de grandes y medianos propietarios. En la mitad sur el 75% de la
población tenía el 4,7% de la tierra mientras el 2% poseía el 70%. Los que
las explotaban, pues el 38% de la tierra cultivable permanecía sin
cultivar, lo hacían con mano de obra jornalera y sueldos de miseria de dos
o tres pesetas diarias. En el mejor de los casos los jornaleros de
Andalucía y Extremadura estaban en paro de 90 a 150 días al
año2.

La posición de la agricultura en la economía nacional era
predominante. Aportaba el 50% de la renta nacional y constituía dos
tercios de las exportaciones. Los métodos de explotación eran muy
primitivos y la existencia de una gran población jornalera hacía que los
terratenientes obviasen la introducción de maquinaria moderna. La pequeña
propiedad agraria de menos de 10 hectáreas de superficie, alcanzaba las
8.014.715 de hectáreas; las medias y grandes fincas de más de 100
hectáreas, ocupaban casi 10 millones de hectáreas. En el centro, sur y
oeste de la península más de 2 millones de jornaleros malvivían en
condiciones de extrema explotación.

La burguesía no tenía intereses contrapuestos a los del
terrateniente, por el hecho de que el burgués y el terrateniente en la
mayoría de las ocasiones eran el mismo individuo. El conde de Romanones,
era uno de los grandes terratenientes del Estado español, cuyas
propiedades se extendían por Guadalajara y toda Castilla la Mancha, pero
además era concesionario de la producción de mercurio, principal
accionista de las minas del Rif, de las de Peñarroya, de los
ferrocarriles, presidente de Fibras Artificiales SA. Esta era la
composición de la clase dominante. ¿Dónde estaba pues, la burguesía
nacional progresista aliada del proletariado en la etapa de la revolución
democrática? Sencillamente no existía.

El capital industrial y financiero estaba muy concentrado.
Las grandes familias, no más de 100, poseían la parte fundamental de la
propiedad agraria, industrial y bancaria. Por otra parte el capital
extranjero había penetrado extensamente en la economía española y dominaba
sectores productivos y de las comunicaciones de carácter estratégico para
el desarrollo del país.

La clase dominante contaba con firmes aliados en el clero y
el ejército. En 1931, según datos obtenidos de una encuesta elaborada por
el gobierno, integraban el clero 35.000 sacerdotes, 36.569 frailes y 8.396
monjas que habitaban en 2.919 conventos y 763 monasterios. Pero estos
datos eran en realidad muy incompletos puesto que 7 diócesis de las 55
existentes se negaron a elaborar la encuesta. Las cifras podrían rondar
los 80.000-90.000 miembros del clero secular y regular en 1931. Sin
embargo, el número de personas que se englobaba en la calificación
profesional de "culto y clero" dentro del censo general de población de
1930 era de 136.181. El mantenimiento de este auténtico ejército de
sotanas, consumía una parte muy importante de la plusvalía extraída a la
clase obrera y a los jornaleros. El presupuesto de la Iglesia católica
ascendía en 1930 a 52 millones de pesetas, y sus miembros más destacados
vivían un lujoso tren de vida. El cardenal Segura tenía una renta anual de
40.000 pesetas; el de Madrid-Alcalá, 27.000; los obispos disponían de
sueldos que oscilaban entre 20.000 y 22.000 pesetas al año.

La Iglesia era un auténtico poder económico, y actuaba como
tal en el mantenimiento del orden social. Según datos del Ministerio de
Justicia de 1931, la Iglesia poseía 11.921 fincas rurales (era la primera
terrateniente del país), 7.828 urbanas y 4.192 censos. El valor declarado
de dichas fincas y bienes era de 76 millones de pesetas y su valor
comprobado de 85 millones —pero los peritos encargados del catastro lo
evaluaron en 129 millones—. A esto hay que añadir los patronatos
eclesiásticos dependientes de la corona (cuyo capital representaba 667
millones), y los títulos de renta al 3% concedidos a la Iglesia como
"compensación" por la desamortización del siglo anterior. Pero había más.
Respecto a las congregaciones religiosas, la única estadística hecha en
1931 que se refería tan sólo a la provincia de Madrid, dio un valor de 54
millones en fincas urbanas y 112 millones en las rurales.

La Iglesia representaba para millones de hombres y mujeres
el poder que los condenaba a una existencia miserable. La furia de la
población contra el poder eclesiástico, contra el terrateniente y el
burgués tenía su plena justificación en las cifras anteriormente
reseñadas.

En cuanto al Ejército, estaba formado por 198 generales,
16.926 jefes y oficiales, y 105.000 soldados de tropa. Los oficiales,
seleccionados cuidadosamente de los medios burgueses y monárquicos jugaban
un papel protagonista en los acontecimientos políticos. "En el país del
particularismo y del separatismo", escribía Trotsky, "el ejército ha
adquirido, por la fuerza de las cosas, una importancia enorme como fuerza
de centralización y se ha convertido, no sólo en el punto de apoyo de la
monarquía, sino también en el conductor del descontento de todas las
fracciones de la clase dominante y ante todo, de su propia clase: la
oficialidad…"3.

En este panorama, el éxito arrollador de las candidaturas
republicano-socialistas en las elecciones legislativas de junio de 1931
revelaban el profundo movimiento social que había alumbrado la era
republicana.

Como siempre ocurre en los momentos de grandes cambios en la
conciencia de las masas, la victoria de sus candidatos animó la
lucha reivindicativa, tanto en el frente industrial como en el campo. La
agitación obrera en favor de la jornada de 8 horas, de incrementos
salariales, de subsidio de paro y de reforma agraria se extendió
formidablemente. El Primero de Mayo puso de manifiesto esta nueva
correlación de fuerzas. En Madrid más de 100.000 personas desfilaron
encabezadas por los ministros y dirigentes socialistas.

Pronto se impuso al gobierno de conjunción la tarea de
abordar las reformas prometidas. Las primeras escaramuzas legislativas se
libraron en torno al poder de la casta militar y de la Iglesia con un
resultado desilusionante. Los límites de la reforma se topaban con el
poder de la oligarquía que no pensaba en ninguna concesión seria. La
depuración del ejército de elementos reaccionarios, monárquicos y
desafectos al nuevo régimen republicano quedó en agua de borrajas. El
gobierno de conjunción favoreció el retiro de los mandos que no querían
asegurar fidelidad a la República, garantizando su paga de por
vida. En cualquier caso, la mayoría de los militares de carrera,
vinculados a la dictadura de Primo de Rivera y a la monarquía, y con un
historial reaccionario acreditado, permanecieron en sus puestos. Los
capitalistas españoles sabían que mantener intacta la composición de clase
del ejército era una garantía contra posibles movimientos revolucionarios
que desbordasen la legalidad capitalista. Pronto lo comprobarían en
la represión de la insurrección del 34.

La polémica en torno al poder económico de la Iglesia, la
extinción del presupuesto oficial para financiar las actividades de culto
y los límites a su monopolio de la educación, aspectos todos afectados por
la redacción de la nueva constitución republicana, fueron una prueba de
fuego para el gobierno. Haciendo honor a su extracción de clase, Alcalá
Zamora, presidente del gobierno y Miguel Maura presentaron la dimisión en
señal de protesta, lo que no impidió a los líderes socialistas apoyar en
diciembre de 1931 al mismo Niceto Alcalá Zamora como presidente de la
República.

Todos los esfuerzos para garantizar la estabilidad del nuevo
gobierno chocaban con las aspiraciones de su base social. Los trabajadores
y los campesinos pobres no podían esperar. Poco a poco se fue revelando la
auténtica cara del gobierno de conjunción, pues mientras las reformas
necesarias se postergaban, la represión de los carabineros y la guardia
civil aumentaba en proporción a la escalada de las luchas obreras y
campesinas.

Las huelgas generales se extendían: Pasajes, huelga minera
en Asturias, en Málaga, Granada, en Telefónica. Cualquier tímida mejora
obrera, fuera de reducción de la jornada, o de incremento salarial eran
contestadas por la cerrazón de la patronal y la represión
gubernamental.

La otra cara de esta realidad asomaba en el campo. La
prometida reforma agraria chocó con la intransigencia de los
terratenientes y sus representantes políticos que impusieron al gobierno
límites bien definidos. Se trataba de un asunto de vida o muerte para la
oligarquía española. Cualquier concesión seria para socavar el poder de
los terratenientes era una afrenta para el conjunto de la burguesía, cuyos
intereses agrarios eran los mismos. Las vacilaciones del gobierno fueron
contestadas con ocupaciones masivas de tierras en Andalucía, Extremadura,
Castilla-León, Rioja. Muchas de estas ocupaciones terminaron con una
represión sangrienta. Mientras el gobierno debatía con lentitud
exasperante el proyecto de reforma agraria en el Parlamento, la presión de
los acontecimientos, y la sublevación de Sanjurjo en Sevilla, en agosto de
1932, aplastada por la huelga general de los obreros sevillanos, provocó
la aceleración del debate y la promulgación final del proyecto.

La ley establecía un Instituto de Reforma Agraria encargado
de realizar el censo de tierras sujetas a expropiación, eso sí, mediante
el pago de indemnización que tenía además por base la declaración hecha
por sus propietarios. Los créditos para la Reforma Agraria procederían del
Banco Agrario Nacional con un capital inicial de 50 millones de pesetas,
pero cuya administración dependía no de los jornaleros ni sus
organizaciones, sino de representantes del Banco de España, el Banco
Hipotecario, del Cuerpo Superior Bancario, del Banco Exterior de España,
es decir del gran capital financiero ligado a los terratenientes. La
reforma agraria se dejaba en manos de los terratenientes y la banca. Así
entendía el gobierno republicano burgués su política reformista. El
proyecto además, obviaba el problema de los minifundios, que obligaban a
una vida miserable a más de un millón y medio de familias campesinas en
Castilla la Vieja, Galicia, y otras zonas. Tampoco abordaba el problema de
los arrendamientos que esclavizaba a los pequeños campesinos a las tierras
del amo. El fracaso más palpable de este proyecto es que en fecha del 31
de diciembre de 1933, el Instituto de Reforma Agraria, había distribuido
110.956 hectáreas. Si comparamos este dato con las 11.168 fincas de más de
250 hectáreas, que ocupaban una extensión de más de 6.892.000 hectáreas,
se puede afirmar que los terratenientes seguían controlando el campo a su
antojo. Sólo 100 nobles disponían de un total de 577.146 hectáreas, y esas
propiedades, dos años después, continuaban intactas.

El proyecto de reforma agraria enajenó al gobierno de
conjunción el apoyo del movimiento jornalero. La sed de tierras no fue
saciada y en su lugar las viejas relaciones de propiedad seguían intactas.
A diferencia de 1789 cuando la burguesía francesa hizo una revolución y se
puso al frente de la nación para acabar con el poder de los nobles, la
burguesía española, igual que la rusa, era incapaz de llevar a cabo esta
tarea. El proceso en la España de 1931 guardaba una asombrosa similitud a
lo acontecido con el gobierno provisional en Rusia después del
derrocamiento del zarismo en febrero de 1917. Los límites del
planteamiento reformista se hacían evidentes y la prometida política de
reformas se transformaba en contrarreformas y un nuevo apuntalamiento del
poder de los terratenientes.

La solución al problema de la reforma agraria estaba
reservada al proletariado con los métodos de la revolución socialista. La
expropiación de la propiedad terrateniente y su conversión en propiedad
colectiva, el desarrollo de una agricultura avanzada sobre la base de la
aplicación de los adelantos técnicos (maquinaria, fertilizantes, etc),
precios justos para los productos agrarios y fin del monopolio de los
intermediarios, ligaba la lucha por la reforma agraria a la expropiación
del conjunto de los capitalistas, de la banca y de los monopolios.

Ley de defensa de la República

Ante el incremento del número de huelgas y ocupaciones de
fincas, el gobierno aprobó la ley de defensa de la República que incluía
la prohibición de difundir noticias que perturbaran el orden público y la
buena reputación, denigrar las instituciones públicas, rehusar
irracionalmente a trabajar y promover huelgas. Bajo el paraguas de esta
ley, los mandos de la Guardia Civil se emplearon a fondo en la represión,
especialmente en el campo.

Respecto a la Iglesia, si la constitución aseguraba
formalmente la separación de la Iglesia y del Estado, lo que acabó con las
subvenciones directas, el control del que siguió disfrutando sobre la
educación le garantizó un buen nivel de ingresos. Aunque se acordó la
expulsión de la Iglesia de los colegios en un plan de larga
duración y la disolución en 1932 de la orden de los jesuitas, se les
concedió todas las oportunidades para transferir la mayor parte de sus
bienes a particulares y otras órdenes.

Respecto a la cuestión nacional y las posesiones coloniales,
el gobierno de conjunción concedió a Catalunya una autonomía muy
restringida y para Euskadi se negó a conceder el estatuto de autonomía
basándose en el carácter reaccionario del nacionalismo vasco. El
gobierno republicano-socialista que negó el derecho de autodeterminación a
las nacionalidades históricas, siguió gobernando las colonias como antes
había hecho la monarquía. En Marruecos su posición imperialista les
enfrentó al movimiento independentista.

La pequeña burguesía republicana y sus aliados socialistas
no fueron capaces de llevar a cabo las tareas de la revolución
democrática. Capitularon ante el poder de la burguesía, el clero y los
terratenientes y se enfrentaron precisamente con la clase que les había
instalado en el gobierno: los trabajadores y los jornaleros.

Con todas las salvedades aplicables cuando se trata de
establecer comparaciones históricas, el gobierno de conjunción
republicano-socialista creó la misma insatisfacción que los gobiernos
socialdemócratas de la República de Weimar en Alemania. Si en el caso del
país germano el proceso se prolongó durante más tiempo, desde 1918 año del
colapso de la monarquía de los Hohenzollern hasta el triunfo de Hitler en
1933, en el Estado español toda esa experiencia se concentró en un lapso
de cinco años. Las veleidades "democráticas" del gobierno de conjunción
importunaban a los capitalistas y a los militares, mientras que sus
tímidas reformas y en muchos casos contrarreformas les enfrentaban a la
furia de los trabajadores. En realidad era imposible cuadrar el círculo, o
con los capitalistas o con los trabajadores.

En este contexto la reacción agazapada ante los primeros
empujes de las masas, empezó a levantar cabeza, primero con el intento de
golpe de Estado de Sanjurjo, después en el parlamento cuando los
monárquicos y católicos se atrevieron a utilizar demagógicamente la
represión contra los obreros y los campesinos, especialmente el asesinato
de 20 jornaleros por la Guardia Civil en Casas Viejas (Cádiz), para atacar
al gobierno.

Entre la burguesía española empezaba a tomar fuerza una
salida política similar a la que se estaba desarrollando en Alemania. El
peligro de la revolución no podía ser conjurado a través de los métodos
clásico de dominación democrática con sus instituciones
parlamentarias. La polarización social estaba creciendo formidablemente y
la base social y económica del capitalismo español era demasiado débil
como para ofrecer ninguna reforma consistente. Además el período de crisis
profunda de la economía capitalista exigía a la burguesía imponer un
régimen de terror si quería garantizar su tasa de beneficios. Las
conquistas democráticas alcanzadas después de la Primera Guerra Mundial,
como consecuencia del triunfo del octubre soviético y la ola
revolucionaria que sacudió todo el continente europeo estaban en
entredicho.

La crisis del parlamentarismo

Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial,
los imperialistas franceses y británicos intentaron cobrar un alto precio
a su victoria. La imposición del Tratado de Versalles supuso la ruina para
la economía alemana, abriendo un período de luchas obreras y polarización
social.

La relativa estabilización política después de los fracasos
revolucionarios en Alemania (1918/1921/1923), Hungría (1919), Italia
(1920) y la oleada de huelgas generales que atravesó Europa, no permitió
reestablecer las tasas de crecimiento anteriores a la guerra.

Europa se encontraba en una situación de debilidad creciente
en el mercado mundial frente a EEUU y Japón. Los capitalistas franceses e
ingleses, intentaban superar las limitaciones del mercado mundial
explotando con dureza a sus colonias africanas y asiáticas, y exigiendo a
Alemania hasta el último marco de las indemnizaciones fijadas en
Versalles.

Pronto, el viejo continente recibió una nueva sacudida con
el colapso económico de 1929 que, comenzando como un crac bursátil en los
EEUU, reflejaba una profunda crisis de sobreproducción. En EEUU la
especulación no dejaba de aumentar a un ritmo muy superior al de la
producción industrial y agrícola. El crédito financiero se convirtió en un
estimulo artificial de la actividad, engordando una burbuja financiera que
se descontroló por completo. Cuando se produjo la recesión de la economía
real norteamericana como consecuencia de la sobreproducción mundial, hubo
una auténtica explosión del entramado bursátil.

Para hacer frente a la situación, los bancos norteamericanos
repatriaron capitales de Europa, provocando el colapso del sistema
crediticio en Austria y Alemania, que dependían de esos capitales. Toda la
economía europea se vio violentamente sacudida.

La producción industrial de las potencias capitalistas se
desplomó: en 1932 era un 38% menos que en 1929. Entre 1919 y 1932 los
precios de las materias primas en el mercado mundial descendieron más de
la mitad. En 1932 el comercio mundial de productos manufacturados era sólo
un 60% del de 1929. Frente al colapso económico, las burguesías nacionales
reaccionaron reduciendo drásticamente los créditos al exterior, con
medidas proteccionistas y devaluaciones competitivas de las monedas para
favorecer las exportaciones en una lucha sin cuartel por los mercados
exteriores. Pero estas medidas profundizaron aún más la crisis abriendo un
nuevo período de paro masivo, inflación y empobrecimiento del campo que
agudizó la lucha de clases.

En esas condiciones los límites de la democracia
parlamentaria afloraron trágicamente. El triunfo de la revolución
alemana de 1918 podría haber transformado por completo la historia de
Europa y posiblemente del mundo. Alemania era uno de los países más
industrializado del planeta, con un proletariado instruido y dotado con
grandes tradiciones de organización. La traición de la socialdemocracia a
la revolución de los Consejos obreros y el asesinato de Rosa Luxemburgo y
Karl Liebknecht permitieron a la burguesía alemana salvar el sistema
capitalista. Esta derrota condeno a la revolución rusa al aislamiento en
los confines de sus fronteras nacionales, favoreciendo el proceso de
burocratización del joven Estado obrero soviético.

A pesar de la derrota de 1918, las contradicciones del
capitalismo alemán, alimentadas por la política de saqueo que supuso el
Tratado de Versalles, fueron haciéndose cada vez más irresolubles. El
régimen parlamentario salido de la República de Weimar y liderado por los
dirigentes reformistas del SPD fue incapaz de hacer frente a la crisis
económica y a la polarización social. El crac de 1929 vino a empeorar
cualitativamente la situación para el capitalismo alemán enfrentado a un
auge de la lucha reivindicativa de los trabajadores, y a la ruina material
y moral de amplios sectores de la pequeña burguesía.

En estas condiciones, la lucha por la apropiación de la
plusvalía, por el máximo beneficio, entraba en contradicción con el
mantenimiento de las libertades democráticas y las conquistas que el
proletariado logró en el período precedente. En el terreno político, el
régimen parlamentario de la República de Weimar se resquebrajaba, pero las
organizaciones obreras, el SPD (Partido Socialdemócrata Alemán), y el KPD
(Partido Comunista), que contaban con una enorme fuerza carecían de un
programa y una orientación marxista.

La dirección socialdemócrata, principal sustento del régimen
burgués, profundizó en su política de colaboración de clases, haciendo
todo tipo de componendas parlamentarias y gubernamentales con los partidos
tradicionales de la clase capitalista. Esto daba enormes oportunidades al
KPD, el Partido Comunista Alemán.

Para comprender la tragedia del proletariado alemán es
necesario tener en cuenta el proceso de degeneración que sufrieron el
Estado obrero en la URSS y la Tercera Internacional. La muerte de Lenin en
1924; el aislamiento del Estado obrero ruso tras el fracaso de la
revolución alemana en 1919 y 1923; la guerra civil que acabó con la vida
de miles de los mejores comunistas soviéticos en los frentes de batalla;
la desmovilización de cinco millones de hombres del Ejército Rojo, todos
estos elementos unidos al atraso material y al colapso de las industrias y
la agricultura soviética, crearon las condiciones materiales para el
surgimiento de una casta burocrática en el seno del partido y la Tercera
Internacional.

Engels escribió en Anti-Dühring: "...cuando
desaparezcan al mismo tiempo el dominio de las clases y la lucha por la
existencia individual engendrada por la anarquía actual de la producción,
los choques y los excesos que nacen de esa lucha, ya no habrá nada que
reprimir y la necesidad de una fuerza especial de represión no se hará
sentir en el Estado…". Sin embargo, en la Rusia soviética de 1924, la
lucha por la existencia individual era todavía una penosa realidad. La
nacionalización de los medios de producción no suprimió automáticamente la
lucha por la existencia individual. En aquellas condiciones el Estado
obrero en Rusia no podía conceder todavía a cada uno lo necesario y se
veía obligado a exigir a los trabajadores y campesinos sacrificios muy
elevados. Después de una época de esfuerzos colosales, de esperanzas e
ilusiones en el triunfo revolucionario europeo, el péndulo giró y se
reflejó en la actividad de la clase obrera rusa, en el agotamiento de sus
fuerzas, en un período de reflujo.

Las dificultades externas e internas alimentaban este
proceso, donde la confianza en la victoria revolucionaria iba
sustituyéndose por la adaptación a la nueva situación, en la que la
naciente burocracia pronto cristalizó su programa político.

Lenin y los bolcheviques nunca albergaron la mínima ilusión
en la construcción nacional del socialismo. Su posición internacionalista
partía precisamente de una consideración del capitalismo como sistema
mundial. "Ustedes saben bien, hasta qué punto el capital es una fuerza
internacional" señalaba Lenin en 1918, "hasta qué punto las fábricas, las
empresas y los comercios capitalistas más potentes están vinculados entre
sí en todo el mundo, y por consiguiente, por qué es imposible batir al
capitalismo en una sola parte. Se trata de una fuerza internacional, y
para batirla definitivamente es necesaria la acción común de los obreros a
escala internacional. Y desde que combatimos contra los gobiernos
republicanos burgueses en Rusia en 1917, desde que conquistamos el poder
de los sóviets en noviembre de 1917, nunca dejamos de mostrar a los
obreros que la tarea esencial, la condición fundamental de nuestra
victoria residía en la extensión de la Revolución cuando menos en algunos
países avanzados" (Lenin, Discurso en el VIII Congreso de los Sóviets
de Rusia).

Pero esta posición internacional de la revolución fue
sustituida por Stalin y otros dirigentes por la política estrecha,
nacionalista y antimarxista del socialismo en un solo país, que se
adaptaba perfectamente como cobertura ideológica a las necesidades
materiales de la naciente burocracia: "¿Qué significa la posibilidad del
triunfo del socialismo en un solo país? Significa la posibilidad de
resolver las contradicciones entre el proletariado y el campesinado con
las fuerzas internas de nuestro país, contando con las simpatías y el
apoyo de los proletariados de los demás países, pero sin que previamente
triunfe la revolución proletaria en otros países" (Stalin, Cuestiones
del leninismo).

Con la nueva teoría del socialismo en un solo país, se
subordinaba la acción revolucionaria de los obreros europeos, americanos o
de cualquier rincón del planeta en beneficio de la construcción
burocrática del socialismo en Rusia. El dominio de la burocracia
estalinista dentro del partido no fue inmediato. Fortalecidos por el
fracaso revolucionario en Occidente, apoyados en el reflujo de las masas
rusas sometidas a condiciones extremas, Stalin y la burocracia libraron
una lucha intensa por separar, expulsar, y más tarde aniquilar a cientos
de miles de comunistas que se oponían firmemente al nuevo rumbo político.
Stalin libró una guerra civil unilateral contra el sector leninista
del partido. Todos los viejos camaradas de armas de Lenin fueron
depurados, encarcelados y, la mayor parte, fusilados.

Esta depuración se extendió al conjunto de la Internacional
Comunista, que se trasformó, hasta su liquidación final en 1943, en una
sucursal de la política y los intereses inmediatos de la burocracia rusa.
La política de Stalin, caracterizada por continuos zigzags en los que se
pasaba de la posición más ultraizquierdista a la colaboración de clases,
respondía a las necesidades de mantener los privilegios materiales, los
ingresos y el prestigio de la casta burocrática y evitar el triunfo de la
revolución socialista, que podía inspirar a los obreros rusos y amenazar
el poder burocrático.

Tras el V Congreso de la IC celebrado del 17 de junio al 8
de julio de 1924, y especialmente el VI Congreso de 1928, los nuevos
dirigentes de la Internacional abandonarían las posiciones anteriores
elaboradas por Lenin sobre el frente único, y apoyándose en el fracaso de
la insurrección revolucionaria de octubre de 1923 en Alemania,
establecieron un giro ultraizquierdista a su política. En el contexto de
estabilización temporal del capitalismo en Europa y de ascenso del
fascismo, los dirigentes de la IC elaboraron la famosa doctrina del
socialfascismo: "El fascismo y la socialdemocracia son dos aspectos de un
solo y mismo instrumento de la dictadura del gran capital".

Los dirigentes del KPD bajo la dirección de Stalin, se
negaron a llevar a cabo una política de frente único para frenar el avance
del nazismo; renunciaron a combatir al partido nazi con los métodos de la
revolución socialista, y su política sectaria centrada en ataques
permanentes a la socialdemocracia, que todavía contaba con el apoyo de
millones de obreros honestos, confundió a la clase trabajadora, y
fortaleció la influencia de los líderes socialdemócratas. Los dirigentes
estalinistas fueron incapaces de orientarse en los acontecimientos porque
no comprendían la auténtica naturaleza del fascismo.

Triunfo de Hitler en Alemania

El régimen fascista ve llegar su turno porque los medios
‘normales’ militares y policiales de la dictadura burguesa, con su
cobertura parlamentaria, no son suficientes para mantener a la sociedad en
equilibrio. A través de los agentes del fascismo, el capital pone en
movimiento a las masas de la pequeña burguesía irritada y a las bandas del
lumpemproletariado, desclasadas y desmoralizadas, a todos esos
innumerables seres humanos, a los que el capital financiero ha empujado a
la rabia, a la desesperación. La burguesía exige al fascismo un trabajo
completo: puesto que ha aceptado los métodos de la guerra civil, quiere
lograr calma para varios años… la victoria del fascismo conduce a que el
capital financiero coja directamente en sus tenazas de acero todos los
órganos e instrumentos de dominación, dirección y de educación: el aparato
del Estado con el ejército, los municipios, las escuelas, las
universidades, la prensa, las organizaciones sindicales, las cooperativas…
demanda sobre cualquier otra cosa, el aplastamiento de las organizaciones
obreras… (León Trotsky, La lucha contra el
fascismo)

La burguesía europea, durante todo un período histórico,
apoyó las formas de la democracia parlamentaria porque suponían un modo de
dominación más eficaz, más aceptable para las masas. Mientras las
libertades democráticas no entren en contradicción con la propiedad
burguesa de los bancos, la industria y la tierra, pueden ser perfectamente
toleradas. En la práctica la ficción democrática juega un papel
especialmente útil para la dominación de la burguesía sobre la sociedad.
La situación se transforma en su contrario cuando la sociedad burguesa
entra en crisis debido a las contradicciones insalvables del capitalismo.
Las formas democráticas entonces, se convierten en un obstáculo para los
burgueses en su lucha permanente por el máximo beneficio. Tolerar
sindicatos, partidos obreros, huelgas, manifestaciones, es decir, los
elementos del poder obrero en la sociedad capitalista, se vuelve una carga
insoportable.

Esta y no otra era la situación de Europa y en concreto de
Alemania. En medio de la crisis económica y la polarización social
creciente, la pequeña burguesía alemana, que podía ser ganada para la
causa del proletariado si sus organizaciones hubieran defendido un
programa revolucionario, giró violentamente a la derecha. En una sociedad
en descomposición, los nazis consiguieron una influencia decisiva entre
las masas pequeño-burguesas, sectores atrasados de la clase obrera y entre
las legiones del lumpemproletariado que poblaban las ciudades.

En las elecciones de septiembre de 1930 el SPD obtuvo
8.577.700 votos; el KPD, 4.592.100 votos y el Partido Nazi, 6.409.600
votos. Lo más destacable de estos resultado era que, si bien el KPD había
incrementado sus votos en relación a las anteriores elecciones de 1928 en
un 40%, los nazis lo habían hecho en un 700% (en 1928 el Partido Nazi
obtuvo 810.000 votos).

En 1932, el Partido Nazi obtuvo 11.737.000 votos, pero entre
el KPD y el SPD superaban esa cifra obteniendo más de 13 millones de
votos. Este hecho es la mejor prueba de que el apoyo de millones en las
urnas, no valen mucho si en el momento decisivo no se cuenta con una
política revolucionaria.

En enero de 1933, Hitler fue nombrado canciller sin que
hubiera ninguna respuesta del SPD o del KPD. Mientras que los primeros
aceptaban la victoria de Hitler porque se había logrado
democráticamente, y advertían a sus militantes de abstenerse en
participar en ninguna acción de protesta, los líderes estalinistas sin
reconocer la gravedad de la situación se contentaron con predecir que el
triunfo de los nazis era el preludió de la victoria comunista. No hubo
ninguna respuesta armada del proletariado, a pesar de que el SPD y el KPD,
contaban con milicias que encuadraban a medio millón de obreros. Los
dirigentes paralizaron políticamente al proletariado alemán, el más fuerte
de Europa. Los nazis completaron el trabajo aplastando las organizaciones
obreras que fueron ilegalizadas y reprimidas ferozmente. En febrero de
1933 los nazis disolvieron el Reichstag, el KPD fue ilegalizado y sus
cuadros y militantes encarcelados, y para mayor oprobio de la
socialdemocracia sus sindicatos participaron en los desfiles nazis del
Primero de Mayo.

Pero no fue la última victoria del fascismo. En Austria, el
gobierno del socialcristiano Dollfuss (el modelo en el que se inspiraba
Gil Robles), disolvió el parlamento en marzo de 1933 y gobernó durante más
de un año con poderes especiales. Los trabajadores y militantes del SPÖ
(Partido Socialdemócrata Austriaco) presionaron a la dirección para que
ésta convocara una huelga general después de los ataques contra las
libertades y derechos democráticos que se sucedían sin interrupción. Pero
no sucedió nada de esto, el SPÖ seguía en una situación de retirada
permanente imitando en lo fundamental la política derrotista de la
socialdemocracia germana. En abril se prohibieron las huelgas y en el
verano de 1933 fue prohibido el Partido Comunista de Austria. Se aprobaron
más leyes contra la clase obrera (por ejemplo se suprimió la ley sobre la
jornada laboral y se recortó el subsidio de desempleo). La única reacción
del SPÖ fue recurrir a los tribunales de justicia.

En los meses previos a febrero de 1934, la policía intentó
confiscar las armas de las milicias obreras organizadas por la
socialdemocracia. La dirección del SPÖ aconsejó a sus militantes que no se
resistieran con el fin de evitar una guerra civil.

Pero la clase obrera todavía estaba dispuesta a luchar,
aunque la correlación de fuerzas le era muy desfavorable después de todas
las retiradas anteriores. Una carta escrita por Richard Bernaschek,
secretario del partido y dirigente del CRD (las milicias obreras
socialdemócratas) en Austria septentrional, y dirigida a Otto Bauer el 11
de febrero de 1934, demuestra muy claramente esta disposición:

"Hoy tuve una reunión con cinco camaradas fieles y leales, y
hemos tomado una decisión, después de cuidadosas deliberaciones, que es
irrevocable [...] Para poner en práctica esta decisión, hoy por la tarde y
por la noche cogeremos todas las armas que tenemos y las pondremos a
disposición de los trabajadores que deseen luchar y defenderse. Si mañana
lunes comienza la confiscación de armas o encarcelan a cualquier militante
del partido o del CRD, nos resistiremos y consecuentemente comenzaremos a
atacar. Esta decisión es irrevocable. Exigimos que cuando llamemos a Viena
diciendo: ‘La confiscación ha comenzado, no vamos a aceptar la prisión’,
usted dé la señal a los trabajadores vieneses y a los del resto de Austria
para que vayan a huelga. No consentiremos otra retirada [...] Si el
movimiento obrero vienés no nos echa una mano, entonces vergüenza y
deshonra para ellos [...] Saludos solidarios, R.B.".

Cuando la policía intentó irrumpir en un local del SPÖ en
Linz a las 7 de la mañana, los trabajadores se resistieron y comenzaron a
luchar y a defenderse. Pasados algunos minutos las noticias de las luchas
en Linz llegaron a Viena. Los trabajadores en algunas fábricas salieron
espontáneamente a la huelga, pero la socialdemocracia intentó nuevamente
calmar a los trabajadores. Transcurridas unas horas no les quedó más
remedio que convocar la huelga general.

En las principales ciudades de Austria empezaron las
batallas, pero éstas estaban pésimamente organizadas ya que muchas de las
armas del CRD habían sido incautadas por la policía. A esto se añadía la
falta de una estrategia revolucionaria previa que hiciera al conjunto de
la clase obrera austriaca conciente de sus tareas. En algunas partes de
Viena los trabajadores lucharon durante tres días. El foco principal de
resistencia estaba en las residencias obreras de Viena construidas y
gestionadas por la socialdemocracia (la prensa burguesa los llamaba las
fortalezas). El Karl Marx Hof, en el distrito 21 de Viena
(Floridsdorf) fue bombardeado por los soldados del ejército austriaco.
Para empeorar el panorama, la huelga general no era sólida debido a que
sectores importantes de la clase obrera, como los trabajadores
ferroviarios, no la secundaron.

Los trabajadores cayeron derrotados el 15 de febrero después
de cuatro días de lucha. Otto Bauer, dirigente de la socialdemocracia,
huyó a Bratislava. Murieron trescientos trabajadores y miles resultaron
heridos. Los líderes de la insurrección fueron ejecutados y las
organizaciones de la socialdemocracia fueron prohibidas. Muchos de los
líderes del SPÖ y de sus organizaciones fueron enviados a campos de
concentración. La época del austro-fascismo había comenzado y en marzo de
1938 el Tercer Reich anexionó Austria a Alemania.

La tragedia del proletariado alemán y austriaco provocó un
hondo impacto entre los trabajadores del Estado español que asistieron a
la destrucción de las organizaciones obreras más fuertes de Europa. La
consigna "Antes Viena que Berlín" ejemplificó perfectamente la actitud del
proletariado español ante la amenaza del fascismo, y se concretó primero
en la insurrección de octubre del 34 y después del 18 de julio de 1936, en
tres años de lucha armada en las trincheras y revolución social en la
retaguardia.

La reacción conquista terreno

El gobierno de conjunción republicano-socialista fracasó a
la hora de llevar a cabo las tareas de la revolución democrática. Fue
incapaz de dar satisfacción a las aspiraciones del proletariado urbano y
rural, la auténtica base masas en la que descansaba el gobierno, y se
plegó a las presiones de los capitalistas y terratenientes.

Sin poder resolver las contradicciones del débil capitalismo
español, los efectos de la crisis económica de 1929 y de la contracción de
los mercados europeos afectaron gravemente la economía española. El año
1933 fue crítico desde el punto de vista económico: el desempleo forzoso
cada vez crecía más y afectaba a más de un millón y medio de trabajadores
y jornaleros, al tiempo que los cierres patronales junto a la reducción de
jornales, aceleraron la conflictividad laboral.

Las huelgas fueron acompañadas de una profunda desilusión
política de las masas. Las esperanzas depositadas en la República, la
confianza en que los ministros socialistas realizaran reformas
progresivas, que las medidas del gobierno abrirían nuevos horizontes para
la vida de millones de personas, se convirtieron en frustración, rabia e
impotencia.

Cuando el presidente de la República disolvió las Cortes y
nuevas elecciones fueron convocadas para noviembre de 1933, la reacción de
derechas había reconquistado una parte importante del terreno perdido el
14 de abril, especialmente entre las capas medias urbanas y las del campo,
y sectores atrasados del campesinado.

Los resultados electorales transformaron la composición de
las Cortes. Aunque el PSOE no perdió una parte sustancial de los votos,
—obtuvo 1.600.000 aproximadamente, el 20% del censo electoral—, la ley
electoral aprobada bajo el gobierno de conjunción que favorecía a las
agrupaciones y/o bloques electorales, castigó severamente al PSOE que pasó
de 116 escaños a 61, de los 471 que contaba el parlamento. El desplome de
los republicanos fue espectacular: pasaron de 118 diputados a 16. Por el
contrario en la derecha, los radicales de Lerroux con tan sólo 806.000
votos consiguieron 104 escaños y la CEDA 115 diputados.

La CNT, que no pudo impedir que en 1931 cientos de miles de
afiliados votaran por las candidaturas republicano-socialistas, desarrolló
en esta ocasión una intensa campaña por la abstención que encontró un
amplio eco. La media nacional de abstención fue del 32% mientras en
Barcelona-ciudad alcanzó el 40% y en Andalucía el 45%. Aún así, el
proletariado estaba muy lejos de sentirse derrotado. La burguesía era
perfectamente consciente de esto, y aunque preparaba tras las bambalinas
el golpe contrarrevolucionario que le permitiese aplastar definitivamente
a las masas, temía que una acción prematura tuviese el efecto
contrario

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